CRIMINALIZACIÓN DE LA PROTESTA
La criminalización de la protesta es casi global en los países del eje unipolar de EE.UU., como vemos con Milei en Argentina contra los jubilados, los trabajadores en salud y otros sectores, también lo vimos con Noboa en el Ecuador reprimiendo con dureza a las protestas contra el alza de combustibles, con Boluarte y Jerí en el Perú reprimiendo e incluso matando a los participantes de las protestas por el manoseo parlamentario al elegirlos como presidentes, en EE.UU. con Trump reprimiendo incluso con la guardia nacional a las protestas por la deportación masiva, la represión en Italia, Inglaterra y Francia respecto a las manifestaciones a favor del cese del genocidio en Gaza. etc.
Como buenos alumnos los “cooperantes”, como los nombró el anticomunista Marco Rubio, proponen una ley para calificar la protesta como delito y no un derecho. En esta propuesta de Ley existen diferentes grados de cárcel por: promover, instigar, organizar y financiar bloqueos entre 10 a 20 años, no entendiendo que el bloqueo es parte del derecho a la protesta señalada en el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, especialmente en su Observación General No. 37 y la propia CIDH ha indicado, que ante una posible colisión determinada por el modo de la protesta –cuando supone cortar u ocupar parte de una calzada o ruta– entre el derecho de tránsito, por ejemplo, y el derecho de reunión, “corresponde tener en cuenta que el derecho a la libertad de expresión no es un derecho más sino uno de los primeros y más importantes fundamentos de toda la estructura democrática: el socavamiento de la libertad de expresión afecta directamente al nervio principal del sistema democrático”.
El diputado Alarcón, acolito de Doria Medina, propone esa Ley poco antes que el gobierno títere de Paz Pereira lance el Decreto Nº 5503, que no solo eleva el precio de los combustibles sino también subasta los recursos naturales que son del pueblo boliviano como forma de acallar las protestas bajo amenaza de cárcel.
Por otro lado, Rodrigo Paz enunció que ya no se utilizará a la justicia como vendetta política, sin embargo, aplaudió la iniciativa de Doria Medina a través del diputado Alarcón, así como la liberación de la rea rematada Jeanine Añez. Nada raro sería que libere también a Murillo, bajo perdonazo presidencial.
El Bloque Popular debe saber defender sus derechos, si está ley es aprobada en la Asamblea debemos observarla como INCOSTITUCIONAL, pues no cumple la CPE ni los Tratados de Derechos Humanos firmados por el Estado Plurinacional de Bolivia.