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Este decreto del paquetazo neoliberal señala como su objeto de: “restablecer la estabilidad macroeconómica; recuperar la liquidez interna y fortalecer las reservas internacionales; así como garantizar el abastecimiento de combustibles y energía; reactivar la producción, la inversión y el empleo; modernizar, desburocratizar y transparentar la administración pública”. Veremos a continuación, como se desvirtúa la finalidad declarada.

Restablecer la estabilidad macroeconómica, recuperar la liquidez interna y fortalecer las reservas internacionales, ahora pasa por endeudamiento del país a cambio de entregar nuestros recursos naturales a las transnacionales, dando privilegios adicionales a empresas inversoras y premiando a los que boicotearon el país dejando los dólares fuera en paraísos fiscales.

Garantizar el abastecimiento de combustibles y energía pasa por subir los precios de los combustibles y bajar el mismo a las grandes empresas mineras y agroindustriales, recargando el peso de la inflación que generará al ciudadano de a pie.

Reactivar la producción, la inversión y el empleo pasa por dar incentivos tributarios a las empresas ya que está demostrado que no reinvierten esas rebajas, más bien se convierten en ganancias para sus accionistas. Pasa además por liberar la exportación y no garantizar el abastecimiento y precio justo a la población nacional. En vez de generar empleo postula el reconocimiento excepcional de aportes patronales como pagos a cuenta del IVA por salarios o sueldos que individualmente no superen cuatro (4) Salarios Mínimos Nacionales, generará precarización laboral.

En lo político, el régimen restaurador del neoliberalismo, define al “Estado tranca” como obstáculo a la iniciativa privada y pretende establecer una arquitectura institucional ultrapermisiva a la inversión extranjera. En ese sentido, la modernización, desburocratización y transparentar la administración pública es solo un slogan dado que la Contraloría ya realiza dichas auditorias, pero no detectan a los clanes enclaustrados en la administración pública.

En conclusión, este decreto es un burdo remedo del 21060 que llevó a miles de bolivianos a la pobreza extrema y al autoexilio para buscar cómo mantener a sus familias.

Instrumentalización del Banco Central

Para estabilización de la balanza de pagos autoriza excepcionalmente al BCB a realizar operaciones de gestión de contratar créditos (líneas de financiamiento y emisión de instrumentos financieros externo) sin la debida aprobación de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), en contradicción con su propuesta que el BCB sea la entidad encargada de la política monetaria.

Subasta de recursos estratégicos

Establece un régimen especial de inversiones en el cual le otorga 15 años de inamovilidad tanto jurídica como tributaria a los sectores estratégicos de la economía con miras a la exportación y no al abastecimiento del mercado interno. Asimismo, el contrato de Inversión será suscrito entre el Estado y el inversionista, aprobado solo mediante Decreto Supremo, sin la debida aprobación de la ALP. También le otorga una vía expedita para su aprobación, con 30 días de plazo, caso contrario se aplica el silencio administrativo positivo y el Ministerio de Relaciones Exteriores será el encargado diseñar, negociar y promover acuerdos de estas inversiones. Esto quiere decir en otras palabras, que están subastando los recursos estratégicos del país.

Impunidad a la fuga de capitales

Otorga un régimen extraordinario de regularización y repatriación de capitales que no dará lugar a persecución administrativa, civil ni penal. Además, tratamiento tributario excepcional con alícuota del cero por ciento (0%) del impuesto correspondiente premiando a los millonarios y empresas que bloquearon el país no repatriando los dólares y al mismo tiempo exigiendo dólares al gobierno, por ende, generando el desabastecimiento de esa divisa.

Nuevos gravámenes direccionados

La reactivación económica y desregulación productiva establece incentivos en tributos adicionales: i) el incrementar la alícuota del IVA en un 20%; ii) la depreciación acelerada de los activos; iii) la deducción de las previsiones incobrables para fines del cálculo de impuesto a las utilidades (IUE) y iv) facilidades de pago de hasta treinta y seis (36) meses para tributos correspondientes a la importación de mercancías. Crea un Sistema Integrado Especial de Transición para Emprendedores al Régimen General (SIETE-RG) consolida el pago del Impuesto al Valor Agregado (IVA), del Impuesto a las Transacciones (IT) y del Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas (IUE), en un monotributo de únicamente el 5%, cuyas facturas no darán derecho a crédito fiscal. El reconocimiento excepcional de aportes patronales como pagos a cuenta del IVA por salarios o sueldos que individualmente no superen cuatro (4) Salarios Mínimos Nacionales, lo cual permitirá que las empresas tengan sueldos inferiores a los 4 sueldos.

Manipulación de precios alimentarios

Para beneficiar a los amigos de las Agropecuarias y Agroindustrias, se elimina el requisito de Autorización Previa de Importación emitida por el Servicio Nacional de Verificación de Exportaciones (SENAVEX) y deja sin efecto la exigencia del Certificado de Abastecimiento Interno y Precio Justo como requisito previo para el despacho de exportación ante la Aduana Nacional, dejando un Certificado de Abastecimiento Interno, asegurando que este procedimiento no implique regulación, ni fijación de precios. O sea, el sector agroindustrial y agropecuario establecerán los precios de los alimentos (carne, aceite, arroz, azúcar, etc.) sin ningún control a la población boliviana.

Nuevas ventajas sectoriales

Diferimiento de créditos otorgados para vivienda de interés social y créditos para el sector productivo otorgados a las unidades económicas de tamaño micro y pequeña, de acuerdo a las solicitudes de los sectores que se movilizaron desde la aprobación de la Ley de diferimiento.

Perdonazo proempresarial

Saneamiento extraordinario de cartera tributaria y prescripción de oficio, en el cual declara la prescripción de interés y sanciones administrativas, respecto de obligaciones tributarias cuyos hechos generadores se hubieran perfeccionado hasta el 31 de octubre de 2025. En otras palabras, las empresas que utilizaron como capital de operaciones los tributos quedan perdonados, favoreciendo a empresas como Aerosur, El Diario, Ecojet, Cotel, Hotel Plaza, etc.

Cero subsidios a carburantes

Eliminación de la subvención a los combustibles, con incrementos desde el 86% (gasolina especial); 163% (Diesel oil); 420% (gasoil), encareciendo el transporte tanto urbano como nacional y en el caso del gasoil la generación de electricidad en sistemas aislados, por otro lado, autoriza a cualquier persona natural o jurídica privada la compra de productos derivados de petróleo a Precio Pre-Terminal (a la entrada de una Terminal de Almacenamiento), subvencionando a las grandes empresas mineras, agroindustriales, etc.

¿Diesel para narcos?

El retiro del diésel de la lista de sustancias controladas por un año, favorece a los narcotraficantes que utilizan el diésel para sus motores de producción de droga.

Juancito Pinto no compensatorio

Incremento del Bono Juancito Pinto gestión 2026 Bs. 300, como una medida a favor del pueblo, pero la inflación generada por el incremento de los precios de combustibles, el encarecimiento de la canasta familiar y otras medidas no compensan.

Subida artificial de bonos

Incremento de la Renta Dignidad y creación del programa extraordinario de protección y equidad (pepe) con transferencia de Bs. 150 mensuales a los beneficiarios de la Renta Dignidad que no perciban una jubilación de la Seguridad Social de Largo Plazo, pero la inflación generada por el incremento de los precios de combustibles, el encarecimiento de la canasta familiar y otras medidas no compensan.

Imaginario reajuste salarial

El salario mínimo nacional (SMN) en los sectores público y privado, es de Bs 3.300, pero la inflación generada por el incremento de los precios de combustibles, el encarecimiento de la canasta familiar y otras medidas no compensan.

Atentado a la representación sindical

La política salarial es a través de la libre negociación del salario entre empleadores y trabajadores, de manera individual o colectiva, como expresión de la autonomía de la voluntad y de la libertad de contratación, haciendo caso a los empresarios que siempre expusieron que afecta a sus ganancias y por ende no querían incrementos salariales.

Congelamiento y Relocalización Laboral

En el sector público decretan austeridad con tres restricciones a) Se prohíbe nuevas contrataciones de personal, debiendo adecuarse a las nuevas escalas salariales; b) Las entidades y empresas públicas están obligadas a presentar un programa de racionalización de personal y la optimización de cargos; c) Reducción de gastos corrientes al mínimo necesario para la continuidad operativa y d) congelación del incremento salarial en el sector público. Aparte de la reducción de personal (masacre blanca) no aplican la libre negociación tan pregonada.

Supresión de inversión pública

Queda prohibida la concesión de créditos internos por parte del Banco Central de Bolivia (BCB) a las empresas públicas y las empresas públicas que mantengan saldos pendientes de desembolso correspondientes a créditos internos otorgados, estarán obligadas a presentar un plan financiero destinado a garantizar el cumplimiento de sus obligaciones. Cortando de raíz la inversión estatal, que era una herramienta para dinamizar la economía.

Auditajes relámpago

Ejercicio del control gubernamental eficiente y auditorías de cumplimiento exprés, con la finalidad de: a) Identificar con celeridad desviaciones en el uso de recursos públicos; b) Determinar si las operaciones auditadas han generado o no beneficio para la colectividad; c) Detectar de manera inmediata indicios de responsabilidad civil o penal. Pero la Contraloría ya realiza auditorías, pero no detecta irregularidades en la administración pública dado que son clanes enclaustrados desde la época neoliberal.

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